En un paso decisivo hacia la garantía de derechos de la niñez, el Congreso de la República aprobó la Ley Sarita, una normativa que modifica el procedimiento de entrega de cuotas alimentarias retenidas judicialmente, permitiendo su acceso anticipado antes de que se emita una sentencia definitiva. La medida busca evitar que miles de menores en Colombia sigan esperando por recursos esenciales que ya han sido embargados a sus padres o madres incumplidos.
Actualmente, cuando un juez ordena el embargo de ingresos para garantizar el pago de alimentos, el dinero queda congelado en títulos judiciales depositados en el Banco Agrario. Aunque esos fondos ya no están en manos del deudor, tampoco llegan al beneficiario de forma inmediata, pues deben permanecer retenidos hasta que culmine el proceso legal, lo cual puede tardar años. Esta situación ha dejado a niños, niñas y adolescentes en una especie de limbo judicial, sin acceso al mínimo vital.
Con la aprobación de la nueva ley, se introduce el artículo 397A al Código General del Proceso y se modifica el artículo 447, habilitando a los jueces para ordenar pagos anticipados durante el curso del litigio, siempre que no exista oposición formal del demandado. Este cambio normativo tiene un enfoque claro: priorizar el interés superior del menor sobre los tiempos y formalidades del proceso judicial.
La propuesta legislativa, presentada por la senadora Liliana Bitar (Partido Conservador), surgió tras conocerse el caso de Sara Guiselle, una niña con discapacidad que debió esperar más de un año y medio para recibir dinero embargado a su padre, pese a estar en una situación de evidente vulnerabilidad. Su historia evidenció una grave falla estructural del sistema judicial colombiano en el manejo de los procesos de alimentos.
Durante el trámite del proyecto, el consultorio jurídico de la Universidad Militar desempeñó un papel clave al documentar la magnitud del problema: más de 55.000 procesos activos en el país enfrentan esta misma dificultad. La academia propuso ajustes normativos que permitieran una respuesta más rápida y eficiente del sistema judicial.
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