La iniciativa aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado propone fijar una fecha límite para el funcionamiento de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. El proyecto todavía debe superar otros siete debates legislativos.
El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve al centro del debate político en Colombia. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una iniciativa de reforma constitucional que busca poner fin a las funciones de las salas de este tribunal en marzo de 2028, cuando se cumplirían diez años del inicio de sus actividades.
La propuesta plantea que los procesos e investigaciones que continúen pendientes al llegar esa fecha sean trasladados a la jurisdicción ordinaria. De convertirse en reforma constitucional, la medida modificaría el funcionamiento del sistema de justicia transicional creado a partir del acuerdo de paz firmado en 2016.
El proyecto es impulsado por el senador Enrique Gómez, quien ha cuestionado los tiempos de resolución de los procesos judiciales de la JEP. Entre los argumentos expuestos durante el debate se encuentran las cifras sobre los subcasos abiertos y los fallos parciales, que, según el promotor, evidenciarían demoras en el avance de las investigaciones.
La iniciativa también contempla cambios relacionados con la revisión de las decisiones judiciales. Durante la discusión se presentaron propuestas para establecer un mecanismo de revisión de las sentencias condenatorias de la jurisdicción especial por parte de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué sigue para el proyecto?
Aunque la iniciativa superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, todavía debe completar otros siete debates en el Congreso, distribuidos en dos vueltas legislativas, debido a que se trata de una reforma constitucional.
El tema genera posiciones encontradas. Sus promotores defienden la necesidad de establecer plazos para resolver los procesos y brindar seguridad jurídica a los comparecientes, mientras que los sectores que respaldan el modelo de justicia transicional advierten sobre los posibles efectos de un cierre anticipado para los derechos de las víctimas.
Entre las principales preocupaciones están las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, pilares del sistema creado tras el acuerdo de paz.
Por ahora, la propuesta no implica el cierre inmediato de las salas de la JEP. Su eventual aplicación dependerá de que supere todos los debates legislativos y los controles constitucionales correspondientes.