La embajadora Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria pusieron fin al proceso judicial que los enfrentaba tras alcanzar un acuerdo en una audiencia de conciliación.
En el acta quedó establecido que las conversaciones que sostuvieron cuando coincidieron en el Gobierno tuvieron un carácter exclusivamente institucional y que nunca existieron órdenes o solicitudes para frenar operaciones contra el Clan del Golfo ni contra otros grupos armados ilegales.
Con este acuerdo quedó superada la controversia que dio origen a la denuncia presentada por Sarabia.
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